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Sin Mordaza
31-03-2015
31-03-2015 | CARLOS DELICIA | PUBLICIDAD

¿Quién le pone el cascabel al gato?

La ley 12.080 (Ley de Partidos Políticos), entre otras innovaciones, propicia que durante la campaña electoral “la publicidad de los actos de gobierno no contenga elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”.

Comentábamos en la editorial anterior que en la necesidad de desarrollar nuevas formas de hacer política, la ley electoral reduce a 30 días las campañas, regulando los gastos y fundamentalmente intentando transparentar el origen, destino y uso de los fondos. 

En su artículo 2 establece que el Tribunal Electoral de la Provincia será la autoridad de aplicación de la presente ley, con excepción de aquellas funciones que estuvieren asignadas por esta ley al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. 

En el artículo 3 quedan en claro las limitaciones sobre las campañas electorales que no podrán iniciarse antes de los 30 días corridos de la fecha fijada para el comicios, no pudiendo extenderse durante las 48 horas previas a la iniciación del acto comicial. Queda prohibida la publicidad proselitista de todo tipo, fuera de dicho plazo. 

En relación a las sanciones, dice que “los actores políticos que incumplieren lo dispuesto en la presente ley, perderán el derecho a percibir contribuciones, subsidios y todo otro recurso de financiamiento, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años, pudiendo además ser sancionados con multas de hasta pesos cien mil ($ 100.000), según lo disponga la autoridad de aplicación en cada caso.” Recordemos que el origen de la ley fue en el 2002 y que los responsables económico-financieros y políticos serán solidaria y personalmente responsables ante la autoridad de aplicación por las multas que se hubieren impuesto a los mencionados.  

En el artículo 6 desarrolla sobre PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos.

“Los funcionarios públicos que autoricen o consientan la publicidad de actos de gobierno en violación a lo dispuesto en esta norma, serán pasibles de multas de hasta pesos diez mil ($10.000), según lo disponga la autoridad de aplicación.” (Sin actualizar al 2002) 

El gobernador Antonio Bonfatti y sus candidatos, en especial Miguel Lifschitz, están dispuestos a desafiar al Tribunal Electoral Provincial para ver si se animan a instruir los sumarios correspondientes. Cuentan a su favor con que la secretaria electoral Claudia Catalín es “casi una militante”, porque en las elecciones nacionales del 2011 fue fiscal general de Hermes Binner. El actual presidente de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral no tiene el perfil para iniciar un conflicto con el Poder Ejecutivo, por lo que es improbable que alguien haga algo al respecto. Dejemos en claro que no sólo el oficialismo violó la ley, fueron varios los candidatos que iniciaron la campaña con mucha antelación a la prevista en la ley, pero los candidatos del gobierno deberían dar el ejemplo como lo hicieron los candidatos del Pro y algunos del PJ.

Todavía hoy se pueden ver el spot del gobernador promocionando la gestión en todos los canales de la provincia, cuando está prohibido; más aun cuando él encabeza la lista de diputados provinciales. Pero lo más grave es la decisión de Antonio Bonfatti de realizar una serie de actos de gobierno –faltando días para las primarias– que están apuntado a la captación de votos, mostrando unas impactantes entregas de equipos o importantes compras para los municipios, cuando deberían ser actos ordinarios de su acción de gobierno en cada localidad beneficiada. El gobernador está generando todos los días un anuncio de gran impacto en la sociedad. El objetivo es crear la sensación de una gestión en marcha y dando respuestas, cuando la realidad es todo lo contrario. Tomemos los últimos tres días:

- Bonfatti entregó más de 13 millones a escuelas de educación técnica 

- Bonfatti entregó 31 patrulleros 0 km para la Policía de la provincia

- Bonfatti entregó 84 vehículos para Salud

 

Este último acto masivo se realizó este martes frente al CEMAFE –una obra cuestionada por su costo y los problemas de infraestructura por negligencia de los funcionarios– para mostrar una las ambulancias, pero también un edificio que parece terminado y que, en realidad, no tiene más que una cáscara de vidrio que tapa su verdadera realidad. Seguramente harán spots y notas del evento, mostrando una realidad inexistente acerca la provincia. (Ver foto) 

Nadie pone en juicio la necesidad de todas estas inversiones y anuncios, lo que se reprocha es que se fija una fecha cercana a la elecciones cuando, en muchos casos, las compras están hace tiempo guardadas y las necesidades son urgentes. ¿Cuántas vidas hubieran salvado estas ambulancias si se entregaban antes? 

Se sabe que los 200 vehículos adquiridos para la policía estuvieron guardados en la concesionaria, esperando ser entregados mediante un anuncio impactante, para minimizar el problema de la seguridad, que es el talón de Aquiles del gobierno.

Fuente: SM
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