A punto de cumplirse seis décadas desde la aprobación de la Constitución del 14 de abril de 1962, su posible reforma vuelve a convertirse en epicentro del debate, luego que anteriores intentos naufragaran en más de una oportunidad.
A la fecha existen cuatro proyectos en la Cámara de Diputados tendientes a modificar la Carta Magna: el de Luis Rubeo (PJ), el de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), el de Gabriel Real (PDP) y el de Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).
Santa Fe y Mendoza son, por caso, las únicas provincias que no admiten reelección para sus gobernadores y no se aggiornaron tras los cambios de la Constitución Nacional de 1994. Justamente, la opción del segundo periodo para el mandatario es uno de los puntos que trabaron sucesivamente los proyectos de reforma.
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Ante lo que sería un nuevo intento por modificar de plano la ley de leyes, el jurista y convencional constituyente provincial, Danilo Kilibarda, sostuvo que la reforma constitucional del 62 “fue muy progresista y sigue siéndolo. Muchos que pretenden la reforma de la Constitución primero tendrían que leerla, no vaya a ser que los institutos que quieran poner ya están, por ejemplo, los de medio ambiente o el derecho paritario de los géneros”, dijo al aire de Sin Mordaza TV.
Kilibarda rechazó de plano la necesidad de una reforma constitucional e insistió que “muchas de las cosas que quieren ponerse ya están. Para qué meter en la constitución lo que se puede hacer por ley, que es mucho más ágil. Cuando fracasa algo, la ley puede modificarse, de lo contrario hay que esperar una reforma. Si la Ley de Lemas hubiera estado en la Constitución habría que haberlo cambiado por completo”, ejemplificó.
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Días atrás, el jurista participó de un encuentro en el marco del programa "Santa Fe + Autonomía”, donde se discutió la posibilidad de extender los mandatos comunales y otorgar ciertas potestades a las localidades sin la necesidad de una reforma constitucional. Al respecto, Kilibarda aseguró que la constitución vigente “para nada obsta a que se legisle sobre autonomías municipales. No hay ninguna norma de la constitución que prohíba hacerlo. La constitución dice que los municipios y comunas se gobiernan así mismos y dictan sus propias normas”.
Consultado sobre la posibilidad que cada ciudad asuma como propia el manejo de las fuerzas policiales, Kilibarda insistió en que la seguridad es una facultad provincial que no es posible “dejar librada al capricho de cada intendente. Pueden ayudar o colaborar, pero la política de seguridad debe ser una materia central”, agregó.