Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández levantaron la reserva de las pruebas incluidas en la causa por presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad provincial, durante la gestión de Marcelo Sain.
La nota de los fiscales habilita el "acceso a las constancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP)", y estipula el mecanismo de acceso a la documentación. Todo, "atento a la sensibilidad de la información recabada, y tendiendo a preservar otras investigaciones penales y procurando evitar cualquier posible afectación a la protección de datos personales de miles de personas". La cifra "miles" aludiría a los hombres y mujeres presuntamente "espiados" o a los eventuales "perfilamientos" realizados durante la gestión de Sain.
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A partir de esta decisión, las partes podrán acceder a las constancias de la IPP, y estarán autorizadas a "extraer copias de las constancias de la actividad desplegada por la Fiscalía", incluyendo las declaraciones testimoniales, oficios, presentaciones judiciales; y "la documental secuestrada que no contenga datos personales de terceras personas". También podrán solicitar "una copia de la información contenida en sus respectivos dispositivos de comunicación y almacenamiento".
La semana pasada, el juez Penal santafesino, Pablo Busaniche, había rechazado un nuevo planteo de los fiscal para poder mantener en secreto las pruebas acumuladas en la causa. Busaniche consideró que los fiscales no comunicaron ningún motivo excepcional novedoso que sustente la necesidad de mantener en reserva el expediente que tiene a diez personas identificadas y sospechadas de integrar una asociación ilícita que realizó tareas de espionaje ilegal sin orden judicial previa.
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Apenas destituido por la Legislatura santafesina como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acusado de actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba, Sain asumió a fines de noviembre pasado como asesor en criminalidad compleja en la cartera de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández.
El 1° de febrero, Jiménez y Hernández habían realizado el mismo pedido a la jueza Rosana Carrara, quien resolvió a favor de los fiscales. Pero la decisión fue apelada por abogados defensores del caso y espera una definición a manos del camarista Sebastián Creus, quien también unificó otros dos planteos que apuntan al acceso al expediente.