El fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe, Rubén Luis Weder, será convocado por la Cámara de Diputados para que "informe respecto de los avances en la investigación ordenada por el gobernador de la provincia, a través del Decreto 2651 del 29 de noviembre del pasado año", por el cual Omar Perotti lo instruyó para que abra "un sumario administrativo a fin de determinar si se desarrollaron actividades al margen de la normativa legal dentro del Ministerio de Seguridad, a propósito de la documentación recabada por el Ministerio Público de la Acusación".
La llegada de Weder a la Legislatura se producirá a instancias de la aprobación del proyecto de resolución elevado por Luis Rubeo, quien solicitó su citación con el fin de que informe a la Cámara el estado de la investigación ordenada por el gobernador sobre la sospecha de que el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, “habría ordenado el armado de perfiles de centenares ciudadanos de la Provincia de Santa Fe. Esto sin medir orden judicial alguna y que podrían ser producto de tareas de espionaje”.
"Sobre fines del año pasado se produjo un allanamiento ordenado por el Ministerio Público de la Acusación a las oficinas del Ministerio de Seguridad de la Provincial. Fue en busca de pruebas de tareas de espionaje presuntamente realizadas por el anterior Ministro Marcelo Saín. La firme sospecha de los fiscales de que el ex ministro habría armado carpetas de centenares de ciudadanos santafesinos sin mediar orden judicial alguna provocó la necesidad de resguardar las pruebas. Sobre todo antes de que los funcionarios del equipo del anterior ministro dejarán definitivamente las instalaciones.", detalló el diputado.
El legislador expresó en los fundamentos de la resolución aprobada que corresponde saber a la Cámara si hay avances ante la tarea que el gobernador instruyó al fiscal de Estado "para que abra una investigación que determine si se actuó fuera de los márgenes de la Ley".
"Con el correr de los días la repercusión pública de semejante acusación de que un gobierno democrático estuviera abocado a recabar información personal y establecer perfiles de ciudadanos sin que mediara causa judicial alguna, obligó al Gobierno Provincial a intentar alguna respuesta institucional. Así fue que el Gobernador instruyó al Fiscal de Estado Weder, para que abra una investigación que determine si se actuó fuera de los márgenes de la Ley", reseñó Rubeo.
Ordenaron que se muestren pruebas
El juez de garantías Jorge Patrizi levantó ayer el secreto de la investigación sobre el ex ministro Sain y su equipo y les ordenó a los fiscales que los investigan, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que abran el legajo a las defensas para que éstas puedan acceder a las pruebas contra sus defendidos, si es que las tienen.
Patrizi hizo lugar a una demanda del abogado Hernán Martínez –defensor de Sain- y levantó la “reserva de las actuaciones” al considerar que “no hay ningún motivo” para que el legajo se tramite entre cuatro paredes. Y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia: “El secreto del sumario penal tiene carácter excepcional y sólo puede imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales establecen. Ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno”.
El fallo del juez Patrizi revocó la decisión de su colega Rosana Carrara, quien hace una semana había dispuesto lo contrario. El 3 de febrero, Carrara aceptó el pedido de los fiscales, mantuvo “el secreto de las actuaciones” y ordenó duplicar los plazos procesales ante un supuesto riesgo de frustrar la pesquisa. “Lo que no puede admitirse es que (la defensa) aspire a que se exhiban antecedentes o tareas de investigación que se encuentren inconclusas y con riesgo de fracasar si son anticipadas, ya que se pondría en riesgo la propia investigación”, enfatizó la magistrada.
Patrizi hizo una interpretación diferente. Para el juez los fiscales nunca indicaron “motivo alguno” por el cual levantar la reserva podía causar “un perjuicio a la investigación”. Por lo tanto, tampoco “se advierte motivo alguno para continuar con la reserva” y “perjudicar el derecho de las personas” señaladas en la causa a saber por qué “se encuentra bajo investigación”, sentenció el magistrado.