La Justicia de la provincia informó sobre una investigación que complicaría gravemente al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Se trata de poder conocer una cantidad de maniobras que cayeron sobre políticos y ex funcionarios santafesinos de distintos partidos y administraciones.
Se habrían dado en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
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Las acciones, presuntamente hechas sin control ni requerimiento judicial, sino discrecionales, ponen al ex ministro y varios ex laderos ante una inminente audiencia imputativa en febrero próximo. No necesariamente son "carpetas" que la Justicia halló, ya que no sería lo más relevante de la causa. Son fundamentalmente consultas masivas –unas 15.000– a bases datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información, según informó Rosario3.
Es un hecho de una gravedad sin precedentes en la democracia provincial y que ponen bajo la lupa al gobierno de Omar Perotti. Se realizaron desde el Ministerio de Seguridad, en algunos casos a través del OJO, y desde el Organismo de Investigaciones bajo órdenes de Débora Cotichini cuando era jefa de Inteligencia Sur. Sain renunció, Cotichini fue suspendida de sus funciones y el resto de los involucrados se fue en diciembre.
La sospecha –formalizada en la imputación administrativa a la ex funcionaria– es que la recopilación tenía "fines no institucionales".
Posibles víctimas
A la causa la llevan los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de Delitos Complejos del MPA de la ciudad de Santa Fe.
Uno de los nombres, entre más de 600, es justamente uno de los que junto al del gobernador Omar Perotti que más pondera Sain de su paso por Santa Fe: el del ex senador y actual diputado nacional Roberto Mirabella y su hijo Santino, funcionario de la Justicia Federal.
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En la nómina aparecen la vicegobernadora y ex jueza Alejandra Rodenas y su marido Jorge Llonch, ministro de Cultura. También Héctor Acuña, ex titular del Servicio Penitenciario, y Walter Gálvez, actual funcionario del área, al igual que Jorge Bortolozzi, ahora secretario de Seguridad Pública.
Asimismo, los diputados provinciales opositores Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Francisco "Paco" Garibaldi y Walter Ghione. Los radicales Galdeano y Pullaro fueron los dos "grandes armadores" de la elección que en 2021 llevó a Juntos por el Cambio a imponer dos senadores nacionales por Santa Fe; el propio Galdeano impuso la candidatura de Carolina Losada.
En el caso del radical Galdeano detectaron que buscaron información de su núcleo familiar, como por ejemplo de su hermano Lucas, flamante presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
Sobre Pullaro, antecesor de Sain, las consultas abarcan a su entorno personal y funcional: sus hermanos Damián y Martín, su secretario Daniel Di Lena, el ex titular del Servicio Penitenciario Pablo Cococcioni y el ex Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Rolando Galfrascoli, actualmente director de Inteligencia Norte del Organismo de Investigaciones.
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El ex gobernador Antonio Bonfatti es otra de las presuntas víctimas, como el ex ministro de Desarrollo Social provincial Jorge Mario Álvarez, la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione y Santiago Boggione, ex integrante de la Cenap y asesor de diputados socialistas.
Asimismo, aparecen los intendentes Luis Castellano (Rafaela) y Pablo Corsalini (Pérez), el concejal Javier Minetti (Granadero Baigorria) y los dirigentes peronistas Ángel "Yayo" Baltuzzi y Carlos Carranza –investigado junto al ex fiscal Serjal–.
Uno de los puntos más llamativos son los controles sobre funcionarios propios. Por ejemplo, Jorge Lagna, que era parte de la gestión de Sain, y los asistentes Lautaro Sappietro (Armas) y Osvaldo Aymo (Seguridad Vial).
