La Ley Micaela, Ley Nacional Nº27.499 que establece la obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género para las y los agentes de los tres poderes del Estado, cumplió el 19 de diciembre el tercer aniversario de su sanción. Todas las provincias argentinas han adherido con el tiempo, la provincia de Santa Fe a través de la Ley Nº13.891 y la municipalidad lo hizo a través de la Ordenanza Nº5148.
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Su implementación está a cargo del ICEDeL, la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia y la Oficina Municipal de Violencias de Género. Esta, depende de la Secretaría de Desarrollo Humano. Además, forma parte de los contenidos de la Escuela de Gobierno. Los materiales que se brindan fueron elaborados de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación. También del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.
Hasta el momento se capacitaron 526 personas de diversas áreas municipales y organismos descentralizados. Esto incluyendo a integrantes del concejo y del gabinete municipal, a través de encuentros sincrónicos virtuales y presenciales. Las instancias presenciales se realizaron en las últimas semanas. Fue a partir de la demanda reiterada de trabajadores y trabajadoras, favoreciendo el intercambio y la posibilidad de encuentro.
Entre los comentarios de quienes participaron, se remarca la importancia de fomentar espacios de reflexión sobre estos temas. Como también el hecho de la capacitación sobre cómo actuar ante alguna situación que ocurra en el área o que provenga de la ciudadanía.
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En palabras de Diego Peiretti, director ejecutivo del ICEDeL: "Brindar oportunidades de capacitación para el personal municipal es uno de los roles fundantes del ICEDeL. En este marco, capacitar para la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias, es un desafío que se asume con mucha responsabilidad. Hemos avanzado mucho y seguiremos con el mismo compromiso".
Vale recordar que la Ley Micaela surge tras el femicidio de Micaela García, joven de 21 años. Ese hecho expuso cómo la falta de perspectiva de género en el Estado, no protege los derechos, la vida, la integridad y dignidad de las mujeres.
